La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha presentado una propuesta de amnistía que ha causado revuelo en la política española.
Esta propuesta abarca desde el 1 de enero de 2013 hasta la constitución de las Cortes que tuvo lugar en agosto pasado, y su alcance es verdaderamente masivo. La iniciativa de Sumar, el partido liderado por Díaz, tiene como objetivo amnistiar a una amplia gama de personas implicadas en el procés, incluyendo a los líderes destacados como Carles Puigdemont y los miembros del Govern que organizaron el referéndum del 1-O. También se extiende a los 700 alcaldes investigados por su apoyo al proceso independentista, las 700 personas imputadas en protestas separatistas, así como aquellos investigados por el Tribunal de Cuentas o en la operación Volhov, que destapó vínculos entre el entorno de Puigdemont y el Kremlin.
Sin embargo, la propuesta de amnistía de Sumar excluye a aquellos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan ser acusados de «torturas u otros delitos contra la integridad moral». También se excluyen a potenciales beneficiarios como Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, y Laura Borràs, ex presidenta del Parlament, quien fue condenada por corrupción y abandonada por gran parte del movimiento independentista.
Sumar describe la aprobación de esta amnistía como «una segunda fase despenalizadora», que sigue a la concesión de indultos y la supresión del delito de sedición. Según el partido, esta medida tiene como objetivo abordar el conflicto entre Cataluña y el Estado español desde una perspectiva política. Esto difiere del relato independentista, que sostiene que la amnistía es un punto de partida para negociar un referéndum acordado con el Estado, cuyo resultado sería vinculante.
La propuesta de amnistía de Sumar ha generado opiniones encontradas en la política catalana. Mientras que la consejera de Presidencia del Gobierno catalán, Laura Vilagrà, considera que la presentación pública no es la mejor forma de contribuir a las negociaciones, Toni Comín, ex consejero de la Generalitat, se muestra favorable a la propuesta y espera que la presión pública ejercida por Sumar convenza al PSOE de aceptar un articulado más generoso en el futuro.
Uno de los desafíos clave en las discusiones en torno a la ley de amnistía es la garantía de que no habrá nuevas acciones legales o administrativas contra el independentismo en el futuro. Los partidos independentistas insisten en que la ley debe garantizar esta no reiteración para avanzar hacia la autodeterminación.
