Un juez de Barcelona ha dado un paso crucial al admitir a trámite la querella presentada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, relacionada con el presunto espionaje llevado a cabo mediante el programa Pegasus.
Como parte de este proceso, el juez ha decidido citar a declarar como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.
En el auto judicial, se destaca que los hechos denunciados por Aragonès en su querella, que incluyen delitos como la intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y vulneración de derechos fundamentales, presentan indicios que sugieren la existencia de posibles infracciones penales.
Aragonès interpuso esta querella contra Paz Esteban y contra la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022. En un primer momento, el caso se remitió a la Audiencia Nacional por considerar que, al tratarse del presidente de Cataluña, era una figura de alta institución del Estado. No obstante, la Audiencia de Barcelona revocó esta decisión en junio pasado, lo que llevó al titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona a asumir la investigación. Como resultado, el juez ha admitido la querella y ha convocado a Paz Esteban como investigada para el 13 de diciembre, fecha en la que también se espera que el propio Aragonès comparezca en calidad de perjudicado.
La destitución de Paz Esteban como directora del CNI en mayo de 2022 por el escándalo relacionado con el espionaje de Pegasus afectó a numerosos líderes políticos, incluyendo a Aragonès, más de cincuenta dirigentes independentistas y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El juez subraya en su auto que Citizen Lab, un grupo vinculado a la Universidad de Toronto y especializado en el programa Pegasus, publicó un informe en abril de 2021 que señalaba a personas relacionadas con el movimiento independentista catalán y el partido ERC cuyos teléfonos móviles podrían haber sido infectados para realizar espionaje político, incluyendo el teléfono de Aragonès. Según el informe, el dispositivo de Aragonès fue infectado a través de mensajes de texto enviados en enero de 2020, cuando ejercía como vicepresidente de la Generalitat. Un informe pericial presentado en el juzgado respalda esta afirmación.
El juez ha decidido llevar a cabo una serie de diligencias, entre las que se incluye solicitar al magistrado del Tribunal Supremo encargado del control judicial del CNI que certifique si se autorizó el uso de software de control remoto, monitorización, balizamiento u otras formas de intervención en las comunicaciones de Aragonès. Si se confirma, se pide que se remitan las resoluciones judiciales relacionadas con esta autorización.
Además, antes de solicitar la desclasificación de documentación secreta, el juez requiere al CNI información sobre la compra y posible utilización de Pegasus, así como detalles sobre las personas involucradas en el proceso de adquisición y uso del programa para espiar a Aragonès. También se solicita al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno que especifiquen si el CNI u otros organismos gubernamentales españoles han adquirido o utilizado Pegasus.
El juez se ha dirigido al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para obtener una certificación sobre las transacciones entre el CNI y la empresa propietaria de Pegasus, NSO Group, desde 2014 hasta la fecha, así como cualquier información relevante sobre estos productos.
Paralelamente, se ha emitido una Orden Europea de Investigación para que la empresa matriz de NSO, OSY Technologies, con sede en Luxemburgo, aclare si ha comercializado Pegasus con organismos gubernamentales españoles y, en caso afirmativo, que proporcione detalles sobre las entidades y personas involucradas en estas transacciones.
Además, se solicita a estas empresas que proporcionen documentación sobre el encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte de Pegasus a sus clientes en España. También se busca que identifiquen a los clientes de este software de espionaje en el país y que faciliten información sobre los dispositivos y sistemas informáticos utilizados por los organismos españoles para dirigir y emplear el programa Pegasus.
Este caso se suma a las investigaciones en otros juzgados de Barcelona relacionadas con el presunto espionaje político, incluyendo la del Juzgado número 20, que analiza el supuesto uso de Pegasus para infectar los teléfonos móviles de los diputados de ERC, Josep Maria Jové y Diana Riba. La jueza de ese caso solicitó previamente al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos oficiales secretos relacionados con la compra y uso de Pegasus, antes de citar como testigo a la actual directora del CNI, Esperanza Castelerio, quien sustituyó a Paz Esteban en el cargo.
