La atención pública: la fiscalía anticorrupción está solicitando una multa de 84,9 millones de euros para Iberdrola por su presunta participación en un delito contra el mercado y los consumidores.
Esta acusación se basa en la creencia de que Iberdrola manipuló el precio de la electricidad mediante el uso de sus pantanos en las cuencas hidrográficas del Duero, el Tajo y el Miño-Sil. La multa solicitada representa el 1,92% de los 4.339 millones de euros de beneficios extraordinarios que la compañía obtuvo en 2022, y el 3,3% de los beneficios de 2013, que ascendieron a 2.572 millones de euros.
En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro ejecutivos de Iberdrola, Ángel Chiarri, responsable de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño, exjefe de Optimización de Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún, responsable de Gestión de Activos; y Javier Paradinas, encargado de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. Sorprendentemente, los cuatro acusados continúan ocupando cargos de responsabilidad en la empresa. La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para cada uno de ellos.
De acuerdo con la fiscalía, la operación habría causado un perjuicio de 107 millones de euros, con los consumidores asumiendo la mayor parte de la carga, 96,7 millones, y el resto siendo responsabilidad de las comercializadoras. Varias de estas empresas, junto con aseguradoras y Facua, se han presentado como acusación particular en el caso.
La investigación de este caso duró cinco años y se centró en determinar cómo se tomó la decisión de cerrar los embalses dentro de Iberdrola Generación, así como quiénes ejecutaron esta medida. En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) impuso una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola por estos hechos, considerándolos una infracción muy grave de la Ley del Sector Eléctrico. Sin embargo, esta multa está suspendida a la espera de que se resuelva el proceso penal actual, que representa el primer caso de esta índole al que se enfrenta Iberdrola.
La presunta maniobra objeto de investigación tuvo lugar entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, cuando Iberdrola habría aumentado artificialmente el precio del megavatio, alcanzando picos de 112 euros. Según la Fiscalía, la compañía habría cerrado intencionadamente los embalses para reducir la producción de energía hidroeléctrica, que es más económica, y sustituirla por fuentes de energía más costosas, como las plantas de ciclo combinado.
La supuesta manipulación de los precios se produjo en un contexto de crisis económica y cesó bruscamente con la llegada de una ciclogénesis explosiva el 24 de diciembre de 2013, lo que redujo el precio debido al aumento de la energía de fuentes renovables vertida a la red eléctrica.
Facua, que ejerce como acusación particular, está solicitando una multa de 107,5 millones de euros y ha elevado su petición de pena de prisión para los cuatro directivos a tres años.
