La Fiscalía ha decidido apelar la decisión de un juzgado de Barcelona que rechazó la admisión a trámite de una querella por crímenes contra la humanidad y torturas policiales que ocurrieron en el año 1970.
La juez argumentó que los hechos estaban «prescritos y amnistiados» con base en la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, la Fiscalía de Barcelona, en colaboración con la Fiscalía de Memoria Democrática, liderada por Dolores Delgado, ha elaborado un recurso en el que se destaca que la nueva Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluso aquellos cometidos en 1970, durante la dictadura franquista.
La Fiscalía considera que el archivo de la querella es «prematuro» y argumenta que, con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, no se puede rechazar de plano la investigación de los hechos. En su lugar, es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar si se deben continuar los procedimientos legales.
Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia citada por la juez para justificar su decisión es anterior a la promulgación de la Ley de Memoria. La Fiscalía sostiene que se debe aplicar un enfoque basado en los derechos humanos y conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Tratados y Convenios pertinentes.
El caso en cuestión involucra a un sindicalista y presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, Carles Vallejo, quien presentó una querella contra varios agentes de la Policía franquista debido a las torturas policiales que padeció durante su detención en la Jefatura de Policía de Via Laietana en 1970. La juez, basándose en la Ley de Amnistía de 1977, rechazó la petición del querellante.
El recurso presentado por la Fiscalía se basa en la nueva ley de Memoria Democrática, que prohíbe la inadmisión inmediata de querellas por crímenes contra la humanidad. Según este informe, es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de decidir sobre la tipicidad, prescripción o amnistía de los hechos denunciados.
En resumen, la Fiscalía ha decidido recurrir la decisión de la juez de Barcelona, alegando que la investigación de torturas policiales ocurridas en 1970 no debe ser considerada prescrita ni amnistiada bajo la nueva Ley de Memoria Democrática, lo que marca un cambio significativo en la jurisprudencia aplicada hasta ahora. Este caso podría tener un impacto importante en futuras investigaciones de abusos durante la dictadura franquista.
