El bloque progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha tomado una decisión clave al rechazar el recurso presentado por los diputados del PP contra la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El recurso tenía como objetivo cuestionar la negativa de Batet a solicitar al Gobierno los expedientes completos de los indultos otorgados a nueve políticos independentistas, incluyendo el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del «procés» condenados por delitos de sedición y malversación. El TC, en su pleno, ha mostrado su desacuerdo con la ponencia propuesta por el magistrado conservador Ricardo Enríquez, que abogaba por dar amparo parlamentario a los populares, argumentando su derecho a la información y la responsabilidad de los órganos de la Cámara Baja de preservarla.
Los diputados del Partido Popular elevaron el asunto al Constitucional en junio de 2021, presentando una solicitud de informe al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno para recabar todos los informes y documentos que conformaban los expedientes de los políticos indultados. Sin embargo, Meritxell Batet rechazó de plano esta petición, lo que llevó a Cuca Gamarra, portavoz de los populares en el Congreso, y sus colegas a presentar un recurso ante el TC, alegando la vulneración de sus derechos como parlamentarios debido al bloqueo del acceso a la información completa.
Adicionalmente, se buscaron otras vías para acceder a los detalles de los indultos. Uno de los intentos fue la solicitud presentada por el diputado del Grupo Mixto, Pablo Carbonero, instando al Ejecutivo a revelar los documentos íntegros ante el Congreso. Sin embargo, esta iniciativa también se topó con la negativa del Gobierno.
La respuesta del Gobierno argumentó que no podía hacer públicos ni proporcionar acceso a la documentación completa de los indultos debido a la falta de consentimiento expreso de los líderes del «procés», tal como lo exige la Ley de Protección de Datos Personales. También se respaldó en los plazos establecidos por la Ley del Patrimonio Histórico Español, que prohíbe la publicación de documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas sin la conformidad expresa de los afectados, o cuando hayan transcurrido al menos 25 años desde su muerte o, en última instancia, después de 50 años a partir de la fecha que figura en los documentos.
El rechazo del recurso por parte del TC ha generado un importante debate en torno a la transparencia y el acceso a la información en asuntos de interés público como los indultos, y plantea preguntas sobre los límites de la protección de datos y la responsabilidad de los órganos parlamentarios en la preservación de la información.
