Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han instado al presidente Vicente Guilarte a convocar un Pleno extraordinario con el objetivo de abordar la cuestión de la amnistía en relación a los promotores y participantes en el 'procés'.
Los ocho consejeros, nombrados todos a propuesta del Partido Popular, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, han solicitado la celebración del Pleno para discutir la posibilidad de emitir una declaración institucional en la que califican la amnistía como una medida que podría tener efectos de «degradación» en el país, e incluso «abolición del Estado de Derecho en España».
En la declaración institucional propuesta, argumentan que «el CGPJ, en su rol de defensor de la plena vigencia de la Constitución, del Estado de Derecho y de la integridad de la potestad jurisdiccional, ha observado con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, incluyendo algunos en funciones de gobierno, sobre la posible amnistía de los delitos cometidos en relación con los acontecimientos del 1 de octubre de 2017, así como delitos previos relacionados con su preparación, incluyendo actos de corrupción».
Además, señalan que el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionó públicamente la existencia de un acuerdo para una ley de amnistía que incluiría al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra prófugo de la justicia. El jefe del Ejecutivo también argumentó que esta medida se adoptaría en beneficio de España.
Los vocales conservadores subrayan que «la declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el CGPJ emita su opinión mediante una declaración institucional, especialmente dado que se ha informado que, a pesar de ser presentada por el Gobierno de España, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, eludiendo así la función consultiva de este Consejo en asuntos en los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención».
Además, estos vocales argumentan que la amnistía no es compatible con el principio del Estado de Derecho, tal como establece el artículo 1 de la Constitución española, ni con el principio de responsabilidad de los poderes públicos mencionado en el artículo 9.3. Consideran que eximir a los líderes políticos de rendir cuentas por sus delitos ante los tribunales, con independencia de la naturaleza de los delitos, es una acción que contradice no solo el principio de responsabilidad de los poderes públicos sino también el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, como proclama el artículo 14 de la Constitución.
En última instancia, estos vocales argumentan que la inminente Ley de Amnistía podría poner en riesgo la independencia de los tribunales, ya que las fuerzas políticas utilizarían las leyes para sus propios intereses, socavando así la acción neutral de los tribunales y la garantía del principio de seguridad jurídica.
El presidente Vicente Guilarte tiene un plazo de tres días para convocar la sesión plenaria y abordar este tema de gran relevancia en el panorama político y legal español. La solicitud de este Pleno extraordinario ha desencadenado un debate en curso sobre el equilibrio entre la justicia, la responsabilidad política y la preservación del Estado de Derecho en España.
