El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que opera con un mandato vencido desde hace casi cinco años, se encuentra en medio de un intenso debate sobre una ley de amnistía cuyo contenido aún no se ha hecho público.
Este lunes, en un pleno extraordinario, los vocales del CGPJ abordarán la posibilidad de emitir una declaración institucional en contra de esta ley. Este debate ha expuesto una división interna considerable en el seno del CGPJ, con tensiones que se han ido acumulando durante años debido al bloqueo en la renovación del Consejo.
La propuesta de debatir una declaración institucional en contra de la ley de amnistía proviene de ocho vocales elegidos en 2013 a propuesta del Partido Popular. Esta propuesta ha generado un clima de gran división interna en el CGPJ, ya que algunos vocales arrastran el desgaste de casi un lustro de interinidad debido al bloqueo a la renovación impuesto por el PP desde 2018.
Originalmente, se esperaba que la decisión final estuviera en manos de dos miembros del ala conservadora que no habían firmado la propuesta de declaración. Sin embargo, la decisión del vocal progresista Álvaro Cuesta de no asistir al pleno, al considerarlo «ilegal», podría cambiar el panorama. Si todos los vocales asisten, la declaración requeriría nueve votos para ser aprobada, pero el planteamiento de Cuesta podría reducir este requisito, permitiendo que la declaración se apruebe con los votos de sus proponentes del bloque conservador.
En general, el sector progresista del CGPJ se muestra escéptico sobre la necesidad de que el órgano de gobierno de los jueces emita pronunciamientos sobre una iniciativa legislativa que aún no se ha presentado. Sin embargo, algunos vocales progresistas argumentan que es su deber acudir al pleno y confrontar los argumentos de los proponentes, lo que descarta, en principio, la posibilidad de que la sesión se suspenda por falta de quórum.
En el sector conservador, dos miembros, el magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea y el presidente interino, Vicente Guilarte, no han firmado la propuesta de declaración. Aunque algunos sugieren que podrían sumarse a la declaración debido a sus afinidades políticas, la mayoría de los consejeros creen que mantendrán una postura institucional y no apoyarán la iniciativa.
La reforma que plantea la hipotética ley de amnistía se presenta como una proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, evitando el control previo del CGPJ. Esto ha llevado a algunos vocales a considerar la pertinencia de que el CGPJ emita su opinión mediante una declaración institucional, ya que esta vía elude su función consultiva.
El CGPJ se encuentra inmerso en un debate interno sobre la amnistía, lo que ha exacerbado las divisiones entre los vocales conservadores y progresistas. La votación en el pleno se presenta incierta, y el resultado de esta declaración institucional podría tener un impacto mediático importante. La decisión final del CGPJ sobre esta cuestión podría influir en el debate sobre la amnistía y sus implicaciones para el Estado de derecho en España.
