Esta medida, que abarca el período comprendido entre enero de 2012 y noviembre de 2023, generará un impacto directo en figuras destacadas como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, así como en otros líderes independentistas, agentes policiales y directores de colegios vinculados al referéndum.
La amnistía propuesta por el PSOE pretende resolver tensiones políticas, sociales e institucionales, presentándose como un mecanismo constitucional para abordar conflictos arraigados. Sin embargo, la omisión de referencias explícitas al «lawfare» y a las comisiones de investigación ha suscitado críticas y preocupaciones. A pesar de la intención inicial de obtener el respaldo de todos los socios de investidura, el PSOE registró la ley solo con su firma, generando confusión sobre el respaldo real de los demás partidos.
La propuesta destaca que la amnistía no es una figura jurídica novedosa en España, aunque los precedentes citados son preconstitucionales, y menciona ejemplos de otros países donde está contemplada en sus constituciones. Los beneficiarios de la medida tienen un plazo máximo de cinco años para solicitarla, sin derecho a indemnización ni restitución de cantidades abonadas por multas o sanciones.
Esta ley también implica la reforma del Código Penal y de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, estableciendo la extinción de la responsabilidad criminal por amnistía o indulto. Se estima que 309 encausados y 73 agentes podrían beneficiarse de la medida.
A pesar de la insistencia del PSOE en la constitucionalidad y utilidad social de la amnistía, críticos han señalado la falta de respaldo unánime entre los partidos, dejando en manos de los tribunales la evaluación de casos específicos. La aprobación de esta ley podría tener repercusiones significativas, no solo para los líderes independentistas, sino también para otros casos judiciales pendientes, como el de Laura Borràs y Gonzalo Boye. Además, la rapidez con la que se pretende aplicar la ley, sin dar margen a los tribunales para frenar el regreso inmediato de Puigdemont, ha generado controversia y dudas sobre la independencia del poder judicial.
