El Consejo General de la Abogacía Española ha urgido a la revisión anual de los baremos de Justicia Gratuita, demandando que la actualización se ajuste a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este llamado se presenta en respuesta al proyecto de orden ministerial sobre Justicia Gratuita, en el cual el Ministerio de Justicia propuso un modesto aumento del 5%, una cifra que el Consejo considera «insuficiente».
La petición más destacada de la Abogacía es la implementación de un mecanismo que garantice la actualización anual de los pagos, alineándolos con la variación de los precios. Aunque la cantidad de las retribuciones es un aspecto crítico, el Consejo destaca la importancia de ampliar el listado de actuaciones como una medida esencial para abordar un problema persistente: el elevado número de actuaciones de los letrados que actualmente no se retribuyen por no estar expresamente contempladas en los baremos.
Entre las actuaciones que se consideran prioritarias para la inclusión en los baremos se encuentran el pago de gastos de desplazamiento, la reconfiguración del número de guardias en cada partido judicial, la atención a macrojuicios, la ampliación de las fases de los procesos civiles, la introducción de ejecuciones de sentencia y el aumento del número de recursos, entre otras.
El Consejo General también señala que el incremento propuesto del 5% representa un claro agravio comparativo con respecto a las subidas salariales aprobadas para algunos profesionales de la Justicia, llegando en algunos casos al 25%. Esta disparidad establece un doble rasero para distintos profesionales cuya labor es esencial en la prestación del servicio público de Justicia y, por ende, en la materialización de un derecho constitucional.
En este contexto, la institución destaca la discriminación evidente al observar que las subidas salariales acordadas con los letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales tienen efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2023, mientras que para la Justicia Gratuita no se contempla ningún tipo de retroactividad.
El escrito concluye reiterando la demanda de una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, proponiendo la adopción de un «criterio de pago universal al profesional de la abogacía». Este criterio garantizaría la compensación económica para los abogados en todas las actuaciones, incluso cuando se deniegue el derecho a la justicia gratuita al justiciable.
Además, la institución enfatiza la necesidad de actualizar las compensaciones económicas a los Colegios de la Abogacía y al Consejo General de la Abogacía Española en relación con los gastos de infraestructura, que han permanecido congelados durante dos décadas.
