La propuesta de ley, actualmente en manos de los servicios jurídicos comunitarios, no hace mención al concepto de lawfare y excluye explícitamente los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. Estos puntos, que generaron atención en Bruselas durante las negociaciones entre el PSOE y Junts, podrían haber llevado a una intervención europea.
A pesar de las demandas de presión política por parte del Partido Popular, las competencias europeas en este ámbito son limitadas. Fuentes comunitarias señalan que aún no han concluido su análisis preliminar y advierten que no se puede descartar la presencia de elementos problemáticos desde la perspectiva del Estado de derecho. Sin embargo, subrayan que la evaluación final dependerá del contenido final de la ley.
Aunque Bruselas puede ejercer presión política, las competencias europeas en este terreno son restringidas. El procedimiento bajo el artículo 7 del tratado solo puede activarse en casos de incumplimientos sistemáticos del Estado de derecho, no por cuestiones específicas.
Didier Reynders, comisario europeo de Justicia y autor de la carta enviada al Gobierno, ha expresado su disposición a reunirse con representantes del Gobierno español para discutir la ley. A pesar de la respuesta contundente del ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, el diálogo está abierto. El Gobierno también ha remitido el borrador de la ley a la vicepresidenta responsable de Estado de derecho, Vera Jourova.
Aunque la carta de Reynders mencionaba la «inquietud» en algunos sectores de la sociedad española, él reiteró que la Comisión Europea no está preocupada por el tema. No se han establecido plazos para ofrecer la opinión sobre la propuesta de ley, pero podría pronunciarse durante la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo.
