Además, acordó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ha decidido sustituir la pena de cárcel por el pago de unos 432.000 euros.
El tribunal tuvo en cuenta un atenuante muy cualificado de reparación del daño, ya que Shakira devolvió a Hacienda los 14,5 millones presuntamente defraudados. Este acuerdo pone fin a seis años de proceso judicial contra la artista, cuya vida privada entre 2012 y 2014 se hubiera expuesto durante el juicio con la declaración de 117 testigos, incluyendo ex empleados, directivos de empresas, y otros.
En un comunicado, los asesores de Shakira explicaron que la decisión de llegar a un acuerdo se debe al desgaste y el tiempo que el proceso suponía para una artista de su prestigio internacional. Añadieron que la cantante prioriza su carrera y la estabilidad de sus hijos, evitando la exposición mediática y el prolongado juicio.
Shakira expresó en el comunicado que se sentía lista para enfrentar un juicio y defender su inocencia, pero después de años de lucha, optó por el acuerdo para recuperar su tiempo. Destacó la importancia de priorizar la felicidad de sus hijos y criticó el sistema español, abogando por su revisión.
La cantante aún enfrenta otro proceso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, que considera «un sinsentido». Shakira confía en el discernimiento de las autoridades para separar este caso del reciente acuerdo, basado en razones personales y emocionales.
A pesar del acuerdo, Shakira aún enfrenta problemas legales con la justicia española, ya que se le reclama una deuda de 6.686.502 euros por la declaración de 2018 del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. El tiempo dirá si también alcanza un pacto en este procedimiento.
