Trabajo endurece el acceso al subsidio de desempleo para mayores de 52 años

El equipo de la vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, ha revelado un borrador del Real Decreto-Ley que modificará las condiciones de cobro de los subsidios por desempleo, específicamente para los beneficiarios mayores de 52 años.

Trabajo endurece el acceso al subsidio de desempleo para mayores de 52 años

A diferencia de las expectativas iniciales, el texto propone un endurecimiento en los requisitos y un mayor control sobre las ayudas destinadas a este grupo de trabajadores.

Según el borrador, los trabajadores mayores de 52 años que busquen acceder al subsidio de desempleo deberán demostrar, al momento de la solicitud, la ausencia de ingresos propios o responsabilidades familiares. Además, se establece la obligación de presentar una declaración anual de rentas, respaldada por la documentación correspondiente, para mantener el beneficio. El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en la suspensión o retirada del subsidio.

El documento también introduce sanciones para aquellos beneficiarios que no informen cambios relevantes en su situación en los doce meses previos a la declaración anual. Estos cambios pueden incluir un aumento en las rentas familiares o la emancipación de un hijo. La falta de comunicación de estos cambios podría conllevar multas por el tiempo cobrado indebidamente.

Yolanda Díaz busca favorecer la transición de aquellos que no estén activamente buscando empleo hacia el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El texto propone una comunicación directa entre las entidades gestoras del IMV y el subsidio por desempleo, facilitando la coordinación de las prestaciones asistenciales y promoviendo un cambio adecuado hacia otros mecanismos de protección social.

El borrador también presenta tres puntos que refuerzan el control sobre los beneficiarios del subsidio en relación con las políticas activas de empleo. La falta de presentación de documentos necesarios, la no inclusión como demandantes de empleo y la no suscripción o incumplimiento del acuerdo de actividad pueden resultar en la supresión del subsidio.

Se establece una escala de sanciones progresivas, donde la primera infracción conlleva la pérdida de la prestación durante tres meses, la segunda duplica la sanción, y la tercera implica la finalización de la prestación. Esta escala se aplica a partir de la primera infracción, y si transcurren menos de 365 días entre infracciones graves, independientemente del tipo de infracción.

Las reacciones de UGT y CCOO han sido críticas, calificando la reforma como «insuficiente y parcial». Según ellos, las cantidades asignadas tanto para la prestación por desempleo como para la asistencia no son adecuadas, y planean presentar propuestas de reforma en los próximos días.

El borrador del Real Decreto-Ley propone cambios significativos en el cobro del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, con el objetivo de fortalecer la vinculación de las prestaciones con las políticas activas de empleo y fomentar una transición adecuada hacia el Ingreso Mínimo Vital. Las reacciones sindicales indican que el camino hacia una reforma consensuada podría ser más largo de lo esperado.

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