La nueva ley antifraude

La entrada en vigor de la Ley Antifraude, también conocida como Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha generado cambios significativos en el panorama empresarial y fiscal. En este artículo, exploraremos en detalle qué implica esta nueva normativa, cómo afecta a las empresas y profesionales, y cuáles son las implicaciones del sistema Verifactu.

¿Qué es la ley antifraude?

Aunque comúnmente se le conoce como la Ley Antifraude, su nombre oficial es Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Su enfoque preciso se centra en la prevención del fraude fiscal, especialmente en la manipulación de las contabilidades. Esta ley modifica el artículo 29 de la Ley General Tributaria, específicamente el artículo 13.

Control riguroso sobre las facturas:

La Ley Antifraude establece un estricto control sobre las facturas, reconociéndolas como documentos fundamentales en las transacciones comerciales y la contabilidad. Va más allá de las transacciones económicas y aborda también aspectos relacionados con la gestión y manipulación de datos.

En relación con las facturas, la legislación introduce un procedimiento dirigido a eliminar el uso de técnicas obsoletas de registro y facturación. Este enfoque no se limita solo a empresas y profesionales que emiten facturas, sino que también abarca funcionalidades específicas que deben cumplir los programas de gestión contable y de facturación, comúnmente denominados «software antifraude». La ley dirige sus prescripciones tanto a quienes desarrollan como a quienes comercializan estos programas.

Es importante destacar que, a pesar de que el reglamento antifraude aún no ha sido aprobado, ya existe un borrador. Se espera que entre en vigor a principios de 2025, estableciendo las especificaciones técnicas y la certificación necesaria para los sistemas y programas mencionados.

Prohibiciones establecidas por la ley antifraude:

La legislación prohíbe el uso de programas que posibiliten la doble contabilidad, la no contabilización de transacciones, el registro de operaciones distintas a las reales, así como la alteración, modificación o eliminación de registros ya anotados. Esto implica que el uso de herramientas comunes como hojas de cálculo o programas similares, que permitan estas acciones prohibidas, sería considerado ilegal.

El incumplimiento de estas prohibiciones se clasifica como una infracción tributaria grave, sujeta a importantes sanciones. Es crucial comprender que estas restricciones afectan a todas las empresas y profesionales sin excepción.

¿Qué es Verifactu y cómo afecta?

En el contexto de la Ley Antifraude, ha surgido el sistema Verifactu, diseñado para impactar a empresas, pymes y autónomos, a menos que operen en territorios excluidos o estén obligados a utilizar el Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). Este sistema asegura la inalterabilidad de los documentos desde su emisión y establece requisitos estrictos para su envío a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Aunque inicialmente el envío de registros de facturas al AEAT no es obligatorio en Verifactu, la posibilidad de que Hacienda lo requiera podría cambiar esa situación. Se destaca la importancia de anticiparse y enviar registros de manera preventiva para evitar posibles requerimientos no deseados.

¿Esperar al reglamento es una opción?

A pesar de la ausencia del reglamento definitivo, existe la posibilidad de que la AEAT solicite facturas en cualquier formato, ya sea digital o físico, antes de la aprobación formal del reglamento. En este escenario, las empresas que utilicen programas que permitan acciones prohibidas podrían enfrentar problemas.

Obligaciones del reglamento antifraude:

El borrador del reglamento establece requisitos detallados para el software antifraude. Cada factura generará un registro de facturación que debe enviarse a la AEAT de manera telemática en el momento de la transacción. El archivo resultante debe ser legible, coincidir exactamente con la transacción realizada, enviarse de forma continua y correlativa, y contener una huella digital única. Además, las facturas en papel o PDF deben incluir un código QR.

El software utilizado por las empresas debe garantizar la veracidad desde el origen, la capacidad de incluir un código QR, y el envío automático y telemático de cada registro a la AEAT. Esto significa que, una vez que la nueva normativa entre en vigor, el software debe cumplir con todos estos requisitos, no solo con las prohibiciones establecidas por la ley.

Afortunadamente, las compañías desarrolladoras ya están trabajando en la adaptación de sus programas al Sistema Verifactu, brindando a las empresas usuarios la oportunidad de prepararse y familiarizarse con las nuevas exigencias.

Sanciones por incumplimiento de la ley antifraude:

El incumplimiento de las medidas antifraude establecidas puede resultar en sanciones administrativas económicas, que oscilan entre 50.000 y 150.000 euros. Estas sanciones afectan tanto a las empresas y profesionales como a los fabricantes de software que comercialicen programas no certificados. Las multas pueden aplicarse por ejercicio económico y por cada tipo distinto de sistema o programa informático que sea objeto de infracción.

Es importante destacar que, aunque el reglamento aún no está publicado, todas las empresas y profesionales están obligados a cumplir con las prescripciones establecidas por la ley.

¿Quiénes están obligados por la ley antifraude y a adaptarse a Verifactu?

La Ley Antifraude impone obligaciones a todas las empresas y profesionales, sin excepción. En cuanto a Verifactu, su obligatoriedad de envío de facturas es relativa, siendo voluntario en principio. No obstante, las empresas deben adoptar los medios necesarios para cumplir con el envío de registros en caso de requerimiento.

Excepciones y territorios específicos:

Existen sujetos que no están obligados a emitir facturas, como aquellos en actividades no sujetas a IVA. Aunque están exentos de ciertas obligaciones relacionadas con las facturas, no están exentos de cumplir con otras disposiciones de la Ley Antifraude, ya que deben llevar una contabilidad sujeta a las mismas condiciones y prohibiciones.

En territorios forales como el País Vasco, donde ya se implementaron sistemas como TicketBAI, y en las regiones de Canarias, Ceuta y Melilla, la aplicación de la Ley Antifraude puede variar debido a sus circunstancias tributarias especiales.

Sujetos acogidos al sistema SII y Verifactu:

El Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) establece un canal telemático para las declaraciones del IVA. Los sujetos obligados a seguir este sistema, ya sea de manera voluntaria u obligatoria, deben adaptarse a sus requerimientos. Aquellos que abandonen el SII pueden optar por utilizar Verifactu.

En resumen, la Ley Antifraude y la entrada en vigor de su reglamento están previstas para finales de 2024 o principios de 2025. Esta obliga a las empresas a utilizar TPVs homologados, lo que lleva consigo una serie de requisitos y medidas que deben conocer y cumplir.

Etiquetas

Comparte este artículo:

Te puede interesar

Suscríbete a EasyLaw Magazine para recibir cada martes en tu correo las noticias más relevantes del sector legal.

Suscríbete a EasyLaw Magazine

Recibe cada martes la revista en tu email con las últimas novedades del sector legal

No te haremos spam