Actualidad

En un escenario marcado por el cumplimiento de un mandato completo en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP ha llevado a un estancamiento preocupante. Pedro Sánchez ha acusado a los populares de ‘lawfare’, argumentando que politizan la justicia, mientras que estos exigen la aceptación de una reforma de la ley judicial para iniciar las negociaciones.

Los funcionarios del CNI podrían enfrentar cargos por revelación de secretos, con la posibilidad de que la gravedad de los hechos resulte en una acusación de traición por espionaje para una potencia extranjera, delito que conlleva penas de seis a 12 años de prisión.

La normativa establece requisitos rigurosos para la designación «Bono Verde Europeo» (BVEu), asegurando que los ingresos se asignen a actividades medioambientalmente sostenibles, alineadas con los objetivos del Reglamento (UE) 2020/852. Los emisores deben asignar los ingresos antes del vencimiento del bono, con flexibilidad para las empresas más pequeñas, que aplican el requisito solo a los ingresos netos.

Este atasco, derivado de 16 proposiciones de ley, 75 proposiciones no de ley (PNL), siete iniciativas legislativas populares y otros elementos heredados de la anterior legislatura, representa un reto que el Congreso deberá superar en medio de la dinámica política.

El presidente insistió en que la amnistía, aunque no era la siguiente medida que deseaba tomar, es coherente con la política de «normalización y estabilización» de Cataluña. Explicó que, en política, a veces es necesario optar por soluciones posibles cuando se trata de pactar dentro de la Constitución.

El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, anunció en redes sociales que, ante las palabras «indignantes» de Sánchez, decidieron llamar a consultas a la embajadora de Israel en España. Esta medida se suma a la orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de invitar a la embajadora española en Israel, Ana Salomón, a una conversación de reprimenda, calificando las declaraciones de Sánchez como «vergonzosas».

Hasta el momento, la empresa requería a los empleados presentar justificantes de consultas médicas sin un mecanismo de control adicional. La nueva política establece tiempos máximos de ida y vuelta, utilizando como referencia los datos proporcionados por Google Maps, a los que se suman 20 minutos para aparcamiento. Este enfoque busca no solo justificar la cita médica sino también controlar que el tiempo invertido sea indispensable y necesario.

Este anuncio se enmarca en un esfuerzo más amplio por ampliar la protección a la infancia, abordando tanto las nuevas adicciones vinculadas al consumo de sustancias como los hábitos sociales asociados a las tecnologías. Otra medida significativa adoptada por la Junta se refiere a la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de edad.