La facturación efectiva combina eficiencia operativa y cumplimiento legal. Al implementar un sistema de facturación adecuado, mantener una numeración coherente, cumplir con los requisitos fiscales y establecer políticas claras, puedes asegurarte de que la facturación de tu negocio sea precisa y en línea con las regulaciones vigentes.
En un mundo cada vez más influenciado por la inteligencia artificial y la robótica, el Derecho Digital también aborda la regulación del desarrollo y uso de estas tecnologías. Esto incluye aspectos como la responsabilidad legal de los robots y la ética en su diseño y aplicación.
En el contexto actual, los Estados han progresado gradualmente en la implementación de normativas con el propósito de regular los activos digitales, procurando así brindar mayores garantías y protección a los interventores en estas transacciones. Un ejemplo ilustrativo de este progreso es el caso de España, donde se evidencia un avance significativo en términos de regulación en este ámbito.
En el Derecho Administrativo, todavía prevalece en numerosos supuestos el principio in dubio pro actione, en virtud del cual, se mantiene la vigencia del acto administrativo en caso de duda razonada del Juez o Tribunal. Por lo tanto, el trabajo del Abogado se encuentra en la desvirtuación la presunción de legalidad y proporcionalidad del acto administrativo.
Si bien, hemos de destacar que, aunque los jueces no dejan de apreciar lo soez y el mal gusto del que revisten esas acciones, aceptando incluso la existencia de una voluntad de provocar y escandalizar completamente innecesaria, carente de cualquier virtuosismo intelectual, éstas distan mucho de constituir el escarnio, burla tenaz y la vejación que integran el elemento subjetivo del ilícito penal.
El pasado 26 de mayo de 2023 entró en vigor la nueva Ley 12/2023, de 24 mayo, denominada “por el derecho a la vivienda”. Una nueva norma, no ausente de polémicas, que irrumpe en nuestro país en un contexto económico y social marcado por la inflación y por unos precios de los alquileres cada vez más elevados.
En conclusión, la diferencia entre ocupar y okupar está en el carácter político de esta última. No obstante, es muy frecuente encontrar en los medios de comunicación el concepto utilizado de forma incorrecta ya que, en muchos casos, la ocupación que se está llevando a cabo en la actualidad no persigue ningún fin político ni activista.
Pero no todo son ventajas, todo tipo de innovación implica el planteamiento de nuevos desafíos legales, en este caso especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de los conductores de vehículos autónomos. ¿Quién es responsable en caso de accidentes o incidencias cuando un vehículo autónomo es el que está al volante? ¿Quién tendrá la responsabilidad civil o penal en estos casos?
La pareja de hecho es una figura ajurídica que carece de normativa legal en el ámbito estatal. Sin embargo, debido a su auge en las últimas décadas, las Comunidades Autónomas han legislado sobre ellas, creando sus propias leyes autonómicas (el Parlamento Andaluz en el año 2002 y el Parlamento de Extremadura en el año 2003).
En España, como sabéis, los abogados tienen la obligación legal y ética de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por sus clientes. Esta obligación está respaldada por el deber de secreto profesional, el cual está regulado en el Estatuto General de la Abogacía Española, así como en el Código Deontológico de la Abogacía Española.
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